Andalucía, 6 de febrero de 2025. 11 años han transcurrido ya desde que un 6 de febrero de 2014 se produjera lo que hoy se recuerda como la Tragedia de El Tarajal. Ante la imposibilidad de acceder por vías legales y seguras a territorio español, un grupo de aproximadamente 200 migrantes intentaron llegar a nado a la ciudad autónoma de Ceuta a través del espigón de El Tarajal. Sin embargo, cuando aún se encontraban en el agua, un grupo de hasta 56 agentes de la Guardia Civil utilizó material antidisturbios, disparó salvas detonadoras y les lanzó pelotas de goma y botes de humo para intentar que no llegaran a tierra firme.
Al menos 14 personas murieron ahogadas como consecuencia de aquella actuación policial, avalada por el Gobierno de la época, que estaba presidido por Mariano Rajoy. Otras 23 personas, pese a los salvajes procedimientos de la Guardia Civil, consiguieron llegar a la Playa de El Tarajal. Sin embargo, y a pesar de la muerte de 14 de sus compañeros, las autoridades no tuvieron ningún reparo en devolveros irregularmente a Marruecos a través de la valla fronteriza, en lo que conocemos como “devoluciones en caliente”.
Diversas organizaciones sociales intentaron exigir responsabilidades a los agentes implicados y a los mandos que les dieron la orden de disparar, pero la Justicia española archivó todos los procedimientos judiciales, exonerando tanto a quienes perpetraron semejante actuación como a quienes les dieron las execrables órdenes que acabaron con la vida de 14 personas.
11 años después la realidad se ha vuelto aún más cruda para quienes, ejerciendo su legítimo Derecho a Migrar -reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, intentan acceder a territorio español a través de nuestra Frontera Sur. Los acuerdos suscritos con Marruecos para externalizar el control de nuestra frontera han supuesto tanto un agravamiento en las condiciones de vida de quienes intentan migrar como un importante aumento de los riesgos que deben asumir para migrar.
Según el Balance Migratorio que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realiza cada año, en 2023 un total de 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron para siempre intentando llegar a territorio español a través de la Frontera Sur. La cifra en 2024 se sitúa en 2.465 vidas humanas que se han perdido. En tan solo 2 años, al menos 5.254 personas han fallecido como consecuencia directa de las políticas migratorias españolas. Desde 1988 hasta nuestros días, según los registros que APDHA elabora, al menos 19.363 personas han fallecido o desaparecido para siempre.
11 años después de la Tragedia de El Tarajal, y cuando el próximo mes de junio se cumplirán apenas 3 años de la Masacre de Melilla -que acabó con las vidas de al menos 37 personas-, desde APDHA queremos seguir denunciando las políticas migratorias que siguen cobrándose vidas humanas. Reivindicamos el legítimo derecho a migrar que tienen todas las personas y exigimos vías legales y seguras para que nuestra Frontera Sur deje de ser la fosa común donde se pierden para siempre las vidas y los sueños de miles y miles de personas.
