Cádiz, 30 de octubre de 2025. Que la vivienda es el principal problema de las personas en España, lo muestran las sucesivas encuestas. Que especialmente se ceba en las personas con menos recursos también. Y que en Cádiz es particularmente dramático por la escasez de vivienda, es de sobra conocido.
No es un drama bíblico, ni una plaga: es la consecuencia de muchos años de abandono de las políticas de vivienda – que recordemos que es un derecho amparado por el art. 47 de la Constitución – por parte de las distintas administraciones competentes: el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado. Han sido décadas de incurias y negligencias, en favor de la iniciativa y de la especulación privada de la vivienda y el suelo.
Los ejemplos en Cádiz se podrían multiplicar, especialmente en las últimas legislaturas del PP, privatizando suelo público para beneficio de unos pocos.
Pero la consecuencia más dramática es el crecimiento exponencial de familias que – incluso con trabajo – no pueden acceder a una vivienda por los precios desorbitados e indecentes que se exigen en la ciudad. No basta señalar el problema. Queremos ponerle rostro. En la provincia sólo en el primer trimestre de 2025 se han producido 27 desahucios, la inmensa mayoría por impagos de alquiler.
Tenemos que recordar a valientes mujeres que en las condiciones más contrarias han luchado por su familia y por el derecho a disponer de un techo digno: Tamara, Lorena, Kahoula… Todas ellas con niños pequeños a su cargo.
Ahora tenemos la amenaza de un nuevo desahucio, el de Laura y su familia, con un bebé de un mes, y dos niños uno de 3 años y otro de 12 años.
Laura y su familia van a ser desalojadas de un piso de AVRA que ocupó hace año y medio. Un piso por cierto que estaba vacío desde hace cinco años y se encontrabn en lamentables condiciones, teniendo ellos que acometer desde sus posibilidades un mínimo adecentamiento del mismo. La familia ha intentado en varias ocasiones hablar con la Junta, pero en su soberbia, ni siquiera han aceptado escucharla
Ante esta situación desde APDHA queremos hacer varias precisiones pertinentes.
- La APDHA no comparte la ocupación de los pisos públicos, porque considera que la asignación de estos corresponde a la lista de demandantes que dispone el Ayuntamiento.
- Pero entiende perfectamente que la situación por la que están pasando muchas familias les lleven a tomar decisiones desesperadas.
- Se entiende aún mejor cuando nos consta que tanto PROCASA como AVRA mantienen vacías un buen número de viviendas, exclusivamente porque no quieren gastarse nada en el parque público para rehabilitarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía, y que algunas familias puedan dignificar su vida accediendo a una vivienda.
- Dígase de pasada que la lista de viviendas vacías no se nos ha facilitado, por lo que la APDHA iniciará las acciones pertinentes para que se nos proporcione.
- Queremos señalar también tres agravantes en la indecente actitud de la Junta de Andalucía. La primera es que existe un decreto, el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que ha sido prorrogado hasta 31 de diciembre 2025, que suspende la ejecución de los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.
- Y la segunda cuestión, aún más sangrante, es que esta familia, al igual que en otros casos anteriores, tiene tres niños menores. ¿Cómo se atreve la Junta a echar a la calle a tres niños sin ofrecer una alternativa habitacional para que no duerman bajo un cartón?
- Finalmente, un tercer elemento se suma a este procedimiento de desahucio, que, al igual que ha hecho el ayuntamiento, se ha iniciado mediante proceso penal, lo que supone un agravante para las familias, ya que supone que lleguen a tener antecedentes penales, cuyas consecuencias son evidentes.
En suma, la APDHA quiere manifestar su respaldo a Laura y sus hijos y demanda a la Junta que paralice en el juzgado el proceso de lanzamiento hasta tanto ofrezca una alternativa habitacional para estos niños y su familia.
