- El caso de Tamara: desahuciada, enferma y con dos niñas. La administración responde con un desahucio y denuncia penal, sin ofrecer ninguna alternativa habitacional.
- La entidad convoca este viernes 9 de mayo una concentración en apoyo a Tamara y sus hijas.
Cádiz, 6 de mayo de 2025. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) señala que “existen actualmente dos frentes en relación con el problema del acceso a una vivienda digna en la ciudad de Cádiz”. Por un lado, según la entidad andaluza, “es preciso denunciar los incumplimientos de la legislación vigente —especialmente por parte de las administraciones públicas— respecto a la suspensión de lanzamientos para familias vulnerables”. Por otro, “es urgente reclamar políticas públicas de vivienda que protejan el suelo público y ofrezcan soluciones reales para la población gaditana”.
En APDHA dejan claro que “no están a favor de la ocupación de viviendas públicas, ya sean de titularidad autonómica o municipal, puesto que estas deben ser adjudicadas a través del registro municipal de demandantes de vivienda”. No obstante, la organización comprende que “estas situaciones se producen en un contexto de desesperación, en una ciudad donde es prácticamente imposible acceder a una vivienda digna, especialmente para personas sin recursos, y todo ello sucede mientras muchas viviendas públicas permanecen vacías y sin acondicionar”.
Casos graves de desahucios y ausencia de alternativas
La APDHA denuncia con preocupación “la actitud del Ayuntamiento de Cádiz en relación con los desahucios en viviendas municipales”. “Resulta llamativo”, según Pro Derechos Humanos, “que en dos años el equipo de gobierno municipal no haya aportado ni una sola vivienda pública a la ciudad, mientras sí ha ejecutado desahucios, como el caso reciente de Tamara y otros similares”.
La organización explica que “Tamara fue desalojada mientras se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por motivos de salud —en proceso de recuperación de un cáncer—, y, además, ha sido denunciada penalmente, lo que podría derivar en antecedentes penales”. Se la acusa de ocupación ilegal, pero es la propia administración la que está incumpliendo la ley al no ofrecer alternativas habitacionales y no aplicar la suspensión de desahucios prevista para casos de vulnerabilidad, recogida en la Ley 1/2025.
Según explica APDHA, “a esto se suma el incumplimiento del protocolo firmado entre Procasa y los Servicios Sociales municipales para prevenir desahucios en presencia de menores, ofreciendo alternativas habitacionales con antelación”. Lejos de cumplir este protocolo, “el Ayuntamiento ha actuado con total descoordinación, mientras los servicios sociales defendían la vulnerabilidad de la familia ante el juzgado, la delegación de vivienda avanzaba con el desahucio”.
Se argumentó que la vivienda estaba adjudicada a otra familia, lo cual es falso, ya que no puede haber adjudicación sin recuperación previa del inmueble y su adecuación.
Tal y como apuntan desde Pro Derechos Humanos, “en el caso de Tamara ni siquiera se le ofreció alojamiento temporal, como los pisos disponibles en Pueblo Gitano y se ha desplazado a una madre con dos niñas a un albergue municipal que no cumple las condiciones mínimas, todo ello bajo falsas promesas de mediación que nunca llegaron a materializarse”.
Concentración y movilizaciones
Por todo ello, además de la movilización prevista en apoyo a Tamara para este viernes 9 de mayo, desde APDHA se convoca a una concentración el próximo viernes 16 de mayo en Casitas Bajas, en protesta por la política de vivienda tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía.
Como explica la entidad andaluza, “ambas administraciones están promoviendo la enajenación de suelo público, vendiéndolo a promotores privados para construir viviendas en venta no asequibles para la mayoría de la población”. Casos como los de Puntales, Navalips, Tolosa Latour o Casitas Bajas han sido ya denunciados por la organización a lo largo del año.
APDHA continuará su labor junto a otros colectivos sociales movilizados en defensa del derecho a la vivienda digna en Cádiz y su Bahía.
