Cádiz, 6 de marzo de 2025. En referencia al análisis sobre vivienda publicado en el Diario de Cádiz el 3 de marzo, donde se indica que Cádiz contará con 1750 viviendas garantizadas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) desea aclarar que, de dicho total, únicamente 289 serán de carácter público y la mayoría estarán disponibles a largo plazo.
De éstas 289, las 42 viviendas de la Junta de Andalucía en la tercera fase de Matadero no están aún contempladas y conviene recordar que la segunda fase tardó quince años en ejecutarse. Así mismo, las 97 viviendas nuevas de la Barriada Manuel de Falla serán las que resulten de la reforma de dicha barriada, lo que puede tardar, como mínimo, una década.
En cuanto a las vpo en venta, las 257 que existen pertenecen a promotoras privadas, y serán de régimen de precio limitado lo que significa que su precio será similar a los del mercado libre, dada cuenta que la Junta de Andalucía subió los precios de los módulos de vpo un 14,5%.
Respecto a las viviendas anunciadas por el Consorcio de la Zona Franca, se desconoce si las 400 vpo van a ser también vendidas a una empresa privada para su comercialización como hizo la Junta con las 202 de Puntales o, si finalmente, el Estado va a atender la demanda ciudadana de destinarlas al alquiler. Sea como sea, esta es igualmente una operación de calado que necesitará varios años para su desarrollo.
Las cerca de 800 viviendas restantes a las que hace referencia al artículo del Diario de Cádiz son viviendas libres
Por todo lo cual, de momento en los próximos años solo hay garantías de contar con unas 150 viviendas de parque público: las 67 que se iniciaron en el mandato anterior y las 83 anunciadas por la actual corporación de las que ni siquiera se han iniciado las obras.
La Apdha recuerda que los más de 6.000 demandantes de vivienda pública en Cádiz lo son porque no pueden acceder a la compra en el mercado libre, si bien tampoco podrán acceder en su mayoría a las vpo de precio limitado, cuyo coste actual es de 2.523 € el metro cuadrado al que hay que sumar los gastos de compraventa y la disposición de al menos un 30% del coste total en ahorros.
Ante estos datos, la Apdha vuelve a reclamar políticas contundentes en materia de viviendas dirigidas al alquiler, de una parte, a través de la promoción de vivienda pública con el concurso de todas las administraciones y, por otra, impidiendo la proliferación de vivienda turística, gravando a las viviendas vacías y aplicando la Ley de Vivienda para el control de los precios del alquiler. Ello significa que en ningún caso se debe enajenar el patrimonio público como se viene haciendo.
Por último, esta asociación quiere mostrar su profundo rechazo a la conversión de buena parte del solar de Tolosa Latour en oficinas de la Junta de Andalucía. En la actualidad existen centros suficientes para albergar a su personal administrativo, sin la necesidad de gastar 16 millones en una nueva mole administrativa, restando para siempre un suelo tan necesario para la ciudad y con cuyo coste se podrían levantar 160 nuevas viviendas.
