Cádiz, 1 de julio de 2025. En los últimos días hemos asistido al derrumbe de dos fincas habitadas y a la denuncia por el estado ruinoso de otras que se encuentran también habitadas, como el caso de la finca de Javier de Burgos. De ahí que la delegación en Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía plantea que Ayuntamiento y Junta de Andalucía retomen la política dirigida a acabar con la infravivienda en la ciudad, abandonada hace años
Para empezar, es necesario, según la entidad, actualizar el mapa de infravivienda que data de 2016 y que cifraba en 50 las infraviviendas habitadas, 146 edificios ruinosos y deshabitados, y 25 los solares sin uso; todo ello en el casco histórico. Hay que conocer cuál es el estado actual de dichas fincas, cuáles se rehabilitaron o construyeron, cuántas se mantienen igual y cuántas se han podido sumar en estos años a esta categoría de infravivienda. Así podremos determinar el número de familias gaditanas que continúan viviendo en situaciones de infravivienda.
La asociación denuncia que las políticas públicas en materia de infravivienda han desaparecido prácticamente de los planes de vivienda, tanto estatales como autonómicos. Hay que recordar que en Cádiz la última convocatoria de la Junta de Andalucía para rehabilitación residencial fue en el 2020 e iba destinada exclusivamente para la barriada de La Paz.
Tampoco la ordenanza municipal de infravivienda de 2007, que contemplaba ayudas para la rehabilitación de inmuebles se llevó nunca a la práctica.
En cuanto a los incumplimientos en los deberes de conservación, el Ayuntamiento apenas acomete actuación alguna más allá de los requerimientos a la propiedad. No se alcanza casi nunca la fase de imposición de multas ni la declaración de incumplimiento. De esta forma, el Ayuntamiento actúa en muy pocas ocasiones como ejecutor subsidiario de las obras ya que, entre otras cuestiones, no contempla en sus presupuestos la cantidad necesaria para llevarlas a cabo ni cuenta tampoco con alojamientos alternativos para el realojo de las personas inquilinas.
La APDHA hace un llamamiento a las administraciones para que pongan fin de una vez por todas al problema de la infravivienda que, a la luz de lo acontecido estos últimos días, parece indicar que podría estar afectando todavía a un buen número de familias.
Del mismo modo la entidad sigue planteando que se pongan en uso solares de propiedad de las administraciones para que se transformen en viviendas dignas y habitables. En primer lugar, las administraciones deben acometer la construcción de vivienda en los suelos o edificios abandonados que son de su propiedad, como es el caso de las varias edificaciones ruinosas que tienen en la Plaza de La Merced.
Asimismo, el Ayuntamiento debe actuar con determinación frente a particulares o empresas, como la Sareb, que están incumpliendo de manera flagrante sus deberes de mantenimiento y conservación. Es preciso avanzar en la incoación de expedientes sancionadores y llegar hasta el final, incluso si fuera necesario con la expropiación.
Se precisa igualmente que el presupuesto municipal contemple partidas suficientes para la ejecución de obras subsidiarias cuando la situación lo requiera, así como que habilite vivienda pública o alojamientos transitorios para dar realojo a las familias que están viviendo en condiciones de inseguridad e insalubridad por el incumplimiento impune de la propiedad.
