- PP, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía debaten en un acto organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en el que los protagonistas fueron los testimonios de las personas afectadas por graves problemas de acceso a la vivienda pública o conservación de las mismas
Cádiz, 13 de mayo de 2026. En la tarde del lunes 11 de mayo, APDHA ha celebrado un debate con partidos políticos con representación parlamentaria que concurren a las próximas elecciones autonómicas, para que estos expusieran cuáles son sus propuestas para la vivienda dentro del marco de las competencias autonómicas y por derivación también locales.
Dividido en tres grandes bloques diferenciados, turistificación y consecuencias en la vivienda; políticas de vivienda pública y tipologías de vivienda; y, intervención en el mercado de la vivienda, las cuatro fuerzas políticas han tenido la oportunidad de exponer ante un numeroso público, sus propuestas y el trabajo que vienen desarrollando en su representación institucional.
Establecidos algunos grandes consensos entre las distintas fuerzas políticas, tales como la necesidad de controlar los alquileres turísticos y que la vivienda pública protegida sea siempre pública, así como la eventual imposición de la tasa turística dependiendo de las decisiones de las Entidades Locales, los grupos políticos que representan la izquierda parlamentaria han incidido en la necesidad de afrontar el problema con medidas que supongan la declaración de zonas tensionadas, en el caso de Cádiz en la totalidad de su término municipal, medidas de conservación del parque público de vivienda y la desprivatización de viviendas para el caso de grandes tenedores.
En relación con el problema de la turistificación, el PSOE ha resaltado la adopción ya de algunas medidas como la limitación de viviendas turísticas en Comunidades de Propietarios o la obtención del Número de Registro de Arrendamiento para que exista un control directo de la actividad, si bien ha insistido en la necesidad de que se implante la tasa turística y se amplíe el número de inspectores. Por Andalucía entiende, sin embargo, que se han puesto parches al problema y apuesta por una regulación más efectiva del alquiler de temporada y las viviendas turísticas y revertir licencias para que vuelvan a ser hogares, tal como igualmente ha propuesto Adelante Andalucía. Por su parte, el PP considera que la turistificación no afecta a la vivienda, y que en todo caso la regulación de las viviendas de temporada debería afrontarse en la Ley de Arrendamientos Urbanos, entendiendo que son los Ayuntamientos quienes deben dar pasos adelante, como a su juicio ha hecho el actual Alcalde de Cádiz, Bruno García.
En relación con las políticas de vivienda pública y la tipología de viviendas, Adelante Andalucía ha incidido en que hacer más ladrillo no significa que haya más vivienda para la gente, como ya puso de manifiesto la burbuja inmobiliaria en 2008, por lo que entiende que se debe ampliar el parque público para alquiler social, prohibiendo por ley la venta de vivienda y suelo públicos. En esa misma línea de incremento del parque público de vivienda protegida, Por Andalucía ha apostado por revitalizar el Observatorio de la Vivienda en Cádiz, a la vez que por adaptar la construcción a las nuevas formas de convivencia (coliving, etc). Mientras tanto el PSOE ha mostrado su preocupación por la pérdida masiva de población en Cádiz (600 personas en el primer trimestre de este año), coincidiendo en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda y mejorar la rehabilitación mediante planes específicos, sin olvidar el papel que la antigua SAREB debe tener en devolver al patrimonio público todas las viviendas que están bajo la esfera de la actual empresa pública estatal “Casa 47”. El PP, por su parte, ha restado importancia al número de segundas residencias que existe en Cádiz (18,4 % frente al 45,2 % en Chiclana) y ha destacado que en Cádiz el 5,9 % son viviendas públicas frente a los casos de otros municipios, aunque sostiene que debe incrementarse el parque público de vivienda, manteniendo los mismos regímenes que hasta ahora están presentes en la regulación, afirmando que no todos ellos llevan a pisos con precios similares al mercado libre.
Finalmente, en el bloque destinado a la intervención del mercado de la vivienda, las fuerzas políticas han incidido en la necesidad de propiciar una atención directa a la cuestión, si bien han aportado distintas soluciones. Por Andalucía entiende que Cádiz es un claro ejemplo de zona tensionada, defiende que se debe autorizar la compra de viviendas exclusivamente para uso residencial y establecer un control de precios del alquiler mediante normativa autonómica. El PP, por el contrario, ha afirmado que las zonas tensionadas no funcionan y ha explicado que por eso ningún Ayuntamiento lo ha solicitado a la Junta de Andalucía, que es la encargada de adoptar esa decisión, abogando más por una flexibilización del uso del suelo, colaboración controlada para alquileres de larga duración (más de 50 años) y ha mostrado preocupación por el fenómeno de la ocupación. Por su parte, el PSOE ha propuesto adoptar medidas destinadas a expropiar solares para promover vivienda pública, otras destinadas a la conservación del parque público y los domicilios habituales y ha rechazado a la flexibilización del suelo. Finalmente, Adelante Andalucía ha afirmado que la Ley de Vivienda de 2023 nació muerta por su deriva hacia las Comunidades Autónomas, por lo que entiende que la intervención en el mercado debe partir por blindar el hogar, no sólo fijando precios del alquiler o topes en las hipotecas, sino ligando el precio de los alquileres a los ingresos reales de las familias, limitando la compra para viviendas residenciales exclusivamente en zonas tensionadas, incrementos fiscales para grandes tenedores y segundas y terceras residencias y profundizando el virtual protocolo antidesahucios que quedó abandonado a su suerte hace años, combatiendo a empresas como Desokupa que promueven, a su juicio, valores incompatibles con la democracia.
Finalmente, diversas personas afectadas por graves situaciones de desamparo público en materia de vivienda, ha expresado sus casos de forma directa a los grupos políticos, quienes han tenido que escuchar duras historias sobre menores echados a la calle, viviendas públicas recién entregadas con graves defectos constructivos, importantes problemas de conservación de otras viviendas públicas abandonadas por la Administración autonómica o penosas condiciones de salubridad de algunas otras viviendas, a las que el Ayuntamiento no está prestando la atención que merecen, una vez el propietario único y gran tenedor se ha desentendido.
Los partidos políticos han valorado estas intervenciones de forma dispar. En primer lugar, el PP se ha mostrado dispuesto a estudiar cada caso de forma individual, afirmando que este Ayuntamiento ha ampliado el marco habitacional autorizando viviendas en las plantas bajas o acordando recargos de IBI para viviendas desocupadas, concluyendo en que la ideología en materia de vivienda no funciona.
Por otra parte, el PSOE, tras constatar que más de 6000 personas están actualmente en el Registro de Demandantes de Vivienda, y afirmar que ningún grupo político tiene soluciones mágicas, insistió en la idea de no vender viviendas protegidas e impulsar las ayudas a la rehabilitación. Adelante Andalucía quiso también sumarse a la solicitud de incremento del parque público de vivienda, bajo la premisa fundamental de que la vivienda sirve para vivir y no para especular, a través, entre otras medidas, de la reversión de viviendas turísticas para volver a ser hogares. Finalmente, Por Andalucía terminó las intervenciones aludiendo a la dirección política actualmente presente en la Junta, en la que priman políticas de vivienda para rentistas, frente a propuestas en las que coincidió con otros grupos como la reversión de licencias turísticas, el aumento de la vivienda pública y la aplicación de zonas tensionadas.
Junto al testimonio posterior de varias familias afectadas, la APDHA recordó la falta de respuestas hasta ahora y la necesidad imperiosa de contar con políticas que, frente a los intereses turísticos o especuladores, den soluciones a la emergencia habitacional que vivimos.
En definitiva, un debate amplio y fructífero en el que las distintas opciones quedaron de manifiesto y que supuso un soplo de aire fresco en una campaña más orientada a asuntos que poco importan a los andaluces y andaluzas. El derecho a una vivienda digna, frente a la idea de vivienda como bien de mercado, también quedaron mostradas a los ojos de las decenas de asistentes que pudieron contrastar propuestas y mirar a la cara a las fuerzas políticas a las que tendrán que pedir cuentas a partir del próximo domingo.
