Más de 70 organizaciones y colectivos gaditanos envían un escrito a PP y Junts pidiéndoles que voten a favor del decreto de vivienda

Cádiz, 13 de abril de 2026. A iniciativa de la APDHA, más de 70 organizaciones y colectivos sociales gaditanos, entre los que se encuentran sindicatos, colectivos vecinales, feministas, ecologistas, movimientos sociales o asociaciones que trabajan con la problemática de la vivienda, han enviado una carta en la que han pedido a los grupos parlamentarios de Junts y PP su voto favorable al decreto Real Decreto Ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.

El Decreto ofrece medidas transitorias en el alquiler de vivienda, prorrogando los contratos de arrendamiento vigentes en la fecha de entrada en vigor, a petición del inquilino, que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, estableciendo una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor.

Por otra parte, la norma también establece límites a la actualización de la renta, pudiendo la persona inquilina negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, sin que en ningún caso pueda suponer un incremento superior al 2 % anual.

La APDHA y las organizaciones firmantes creemos que es paso importante en la protección de la parte débil en el arrendamiento, es decir las familias inquilinas más vulnerables, sin suponer un menoscabo para los arrendatarios. La sociedad civil no puede permanecer indiferente a que esta medida positiva para millones de personas sea tumbada en el Congreso por la insensibilidad del PP y JUNTS, que han anunciado su voto negativo.

Antes de proceder a ese voto, esperamos que esos partidos puedan valorar las consecuencias que ello podría acarrear sobre cientos de miles de personas en todo el Estado, pero también en Cádiz, donde la emergencia habitacional ya es imparable dejando las cosas meramente a la regulación de un mercado del alquiler puramente especulativo y una pasividad de las Administraciones Públicas incomprensible.

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