Cádiz, 4 de junio de 2025. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha atendido la llamada de auxilio de una familia formada por ambos padres y cuatro menores de edad que residen en esta casa de Javier de Burgos 19 desde el año 2010. La familia les ha expuesto el temor y la inseguridad con la que viven, pues el edificio está en ruinas con peligro de desprendimientos y los menores viven entre ratas y cucarachas, con el consiguiente estado de miedo y ansiedad permanentes. Pro Derechos Humanos ha podido comprobar, a través de informes recientes de Urbanismo, el riesgo de derrumbe e insalubridad de la finca. El último informe de mediados de mayo señala graves daños en la estructura, pudrición en las vigas, fisuras en los muros y falta de capacidad portante del edificio. Indican, así mismo, la aparición de roedores e insectos.
Pese a que han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento ha requerido a la Sareb, como propietaria de la finca, que acometa obras de mantenimiento para garantizar la seguridad de sus actuales moradores, la sociedad está desatendiendo una y otra vez dichos requerimientos, lo que está provocando un empeoramiento en el estado de la edificación y el aumento de los riesgos.
Pro Derechos Humanos considera que la entidad con capital público está haciendo de manera deliberada una dejación de sus obligaciones de mantenimiento para forzar a sus habitantes al desalojo, aún a riesgo de poner en serio peligro la integridad de los mismos. El último plazo que dio el Ayuntamiento a la sociedad para realizar las obras de emergencia ha expirado hace unos días, sin que hayan actuado ni se hayan comunicado con los vecinos.
Por todo ello, Pro Derechos Humanos se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir información sobre el procedimiento a seguir a partir de este momento y le insta, dentro de su responsabilidad subsidiaria, a acometer las obras que garanticen la seguridad del edificio o, en todo caso, a decretar de inmediato el desalojo y buscar una alternativa habitacional a las familias afectadas.
La Asociación solicita así mismo que se valore si dicha familia puede acogerse a la excepcionalidad que contempla el registro municipal de la vivienda para las actuaciones que tienen como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas o bien por riesgo de exclusión social con carácter de urgencia.
Es urgente, a juicio de la entidad, que la administración local intervenga para poner fin a esta situación de inseguridad e insalubridad a la que, en pleno siglo XXI, afecta especialmente a unos menores que han sufrido sarna en los últimos meses y que viven a día de hoy aterrorizados por la presencia de las ratas y el miedo al derrumbe, todo ello sin amparo institucional alguno.
