Cádiz, 18 de junio de 2025. La delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamenta que tras el desahucio vivido hace solo unos meses por Tamara y sus dos hijas, el Ayuntamiento expulsa de nuevo a una familia con dos menores de una vivienda municipal. En este caso se trata de David y Rosa, dos jóvenes con dos menores de 5 y 3 años de edad, a los que no les renovaron el alquiler hace dos años y se alojaron en un piso municipal vacío ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
De nuevo el Ayuntamiento los ha denunciado por la vía penal con la intención de criminalizar la pobreza, lo que puede acrecentar los problemas de esta pareja que, a sus dificultades para tener un hogar en el que criar a sus hijos, se le suma que pueden tener a partir de ahora antecedentes penales.
La APDHA recrimina al Alcalde que durante estos dos años de mandato todavía no ha promovido ni una sola vivienda nueva municipal, mientras lleva ya en su haber al menos dos desahucios.
Pero, además, señala la entidad, es el propio Ayuntamiento el que se está saltando la ley por cuanto que incumple el decreto en vigor de suspensión de lanzamientos de familias vulnerables, una medida que aprobó el Estado justamente para evitar los desahucios en un momento en el que no existen alternativas. El acceso a la vivienda atraviesa una grave crisis debido a la falta de oferta de alquiler residencial y al alquiler turístico y de temporada, que generan mayores beneficios a la propiedad, pero que está expulsando a multitud de personas a otras localidades o directamente a la calle.
Al igual que Tamara, a la que, tras el desahucio y una breve estancia en una pensión, el Ayuntamiento abandonó a su suerte y malvive hacinada y separada de sus hijas, la familia de David y Rosa están abocados a tener que repartirse en domicilios familiares, pues las posibilidades de encontrar en la ciudad un alquiler permanente y a un precio asequible son prácticamente nulas.
La asociación señala que existe al mismo tiempo multitud de viviendas tanto municipales como autonómicas que se mantienen vacías, incluso años, lo que viene a demostrar el escaso interés por dar respuestas a los más de 6.000 demandantes de viviendas que constan en el registro. Por todo ello, desde la entidad hacen un llamamiento al consistorio para que solicite ante el juzgado la paralización del desahucio de David y de Rosa previsto para el 23 de junio a las 9 de la mañana en Guillén Moreno Bloque 3.
