Cádiz, 7 de octubre de 2026. La crisis de vivienda tiene raíces en un modelo especulativo y en concebir la vivienda, no como un derecho de todas las personas, sino como un bien para hacer negocio.
Precisamente en estos días en los que la indignación social ha estallado, conocemos otro ejemplo de políticas que dinamitan el derecho a la vivienda. En este caso se trata de la venta de suelo público por la Junta de Andalucía. Como han recogido varios medios de comunicación la Junta va a lanzar una nueva subasta, la octava en lo que va de legislatura, de solares, locales, garajes o suelos industriales.
Entre los 27 inmuebles que se ponen a la venta se encuentran una decena de terrenos en los que se podrán construir hasta 300 viviendas. Estas ventas residenciales se repartirán por Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería y Baeza y el gobierno andaluz pretende ingresar 53,6 millones de euros por esta operación de venta de patrimonio. En concreto en la ciudad de Cádiz se va a vender un inmueble en la calle Marqués de Valdeíñigo.
En el pasado mes de agosto se llevó a cabo una operación similar, dentro del denominado Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), por la que se puso en venta suelo público para 3.678 nuevas viviendas. La APDHA considera que la Junta de Andalucía pretende camuflar estas operaciones como política de impulso a la vivienda, cuando es realmente lo contrario. Se enajena suelo para hacer vivienda pública de alquiler y al mismo tiempo se obtiene un beneficio económico para la administración autonómica. La inversión en política de vivienda es nula y se pierde la oportunidad de aumentar el parque público de viviendas para ofrecer soluciones a la sociedad andaluza en un momento especialmente complicado de acceso a la vivienda.
Para la delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz es absolutamente demencial que, en plena crisis de vivienda, la Junta de Andalucía muestra sin ningún recato que su política en esta materia no es construir ni generar vivienda pública, sino vender el suelo público y lucrarse con ello. Al mismo tiempo la otra administración competente, el Ayuntamiento, culminará su mandato sin haber entregado ni una sola vivienda. En tres años y medio apenas ha iniciado 79 viviendas que tardarán más de un año en poder ser habitadas. Por todo lo cual, APDHA reclama que se ponga fin de manera inmediata a la venta de unos suelos de vivienda que son de todos y todas las ciudadanas de Andalucía y que tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento impulsen vivienda pública de alquiler con la que dar respuestas habitacionales a la dramática situación de falta de accesibilidad a la vivienda que tenemos en esta ciudad.
