La Delegación de la Bahía de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere hacer pública su denuncia de la situación en la que se encuentra la Oficina de Extranjeros dependiente de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. Resulta inaceptable que unas instalaciones que tienen como misión atender a una ciudadanía potencial de más de 40.000 personas, que son los extranjeros residentes en la provincia de Cádiz, presente deficiencias tan graves como las que presenta esta Oficina de Extranjeros.
En primer lugar, y como detalle más grave, hay que señalar que la citada Oficina incumple la de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y el Real Decreto 366/2007 que desarrolla la citada Ley y que, en su artículo 5 obliga a que las Oficinas de Atención al Ciudadano sean accesibles para personas con discapacidad. No se puede decir eso de la Oficina de Extranjeros de Cádiz que mantiene una serie de escalones de gran altura que imposibilita la entrada de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida e, incluso, personas con carros de bebé. En ocasiones, los funcionarios salen a la calle para atender a las personas con movilidad reducida lo que, sin dejar de reconocer la buena voluntad de estas personas, supone un auténtico atentado para los derechos de los administrados.
Además, la Oficina de Extranjeros tiene unas dimensiones extremadamente reducidas. Dado que en la sala de espera no caben más de cuatro personas, habitualmente se forman unas colas considerables que ocupan todo el pasillo y llegan hasta la calle provocando que las personas que esperan para ser atendidas tengan que sentarse en el suelo o en los escalones, o pasar largos períodos de tiempo en la calle sin resguardo ante la lluvia en los meses de invierno o el sol y el calor en estas fechas.
Todo ello se ha visto agravado con el nuevo sistema de Tasas impuesto por la reforma de la Ley de Extranjería que obliga a las personas a acudir dos veces a la Oficina de Extranjeros para comenzar la tramitación de los procedimientos y que ralentiza la atención a cada individuo. Pese a ello y pese al aumento de ingresos que supone este nuevo sistema que ha aumentado el dinero recaudado en tasas en materia de extranjería de forma exponencial, nada se ha hecho por las autoridades competentes para paliar esta situación.
Resulta especialmente chocante que se mantenga esta Oficina de Extranjeros con instalaciones indignas para el siglo XXI mientras que se ha hecho una inversión millonaria en la Subdelegación del Gobierno en la calle Barcelona donde se mantienen gran parte de sus instalaciones sin uso. No haría falta más que trasladar la Oficina de Extranjeros a la sede de la Subdelegación para solventar gran parte de estos problemas. Sin embargo, no parece haber voluntad por parte del responsable de esta decisión que sigue mostrando una especial desatención a sus competencias en materia de extranjería.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Delegación de Cádiz, 29 de julio de 2010
