La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna de Cádiz [1] se muestra sorprendida por la beligerancia de la Alcaldesa ante la petición de una Audiencia Pública para tratar el grave problema existente en nuestra ciudad en relación al acceso a los servicios de agua y electricidad para las personas más desfavorecidas.
La decisión sobre la Audiencia Pública tomada en el pleno parece una tomadura de pelo tanto en el fondo como en la forma y un desprecio hacia los colectivos sociales y la sociedad civil.
El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha rechazado ayer con los votos del Partido Popular, la propuesta de que se convoque una Audiencia Pública en relación a los suministros básicos, especialmente agua y luz, que son proporcionados por empresas públicas.
El argumento de que la convocatoria de una Audiencia Pública no está suficientemente regulada en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento en vigor desde 1994, y que no ha sido utilizado en 20 años, carece de solidez jurídica.
Pero sobre todo el argumento de responder, tras tres meses de presentada la petición en el registro municipal, y solo tras la moción realizada por la Plataforma a través de los partidos políticos que se han prestado a ello, carece de sensibilidad social y democrática.
Esta Plataforma ha solicitado reunión con la alcaldesa de Cádiz para tratar estos temas el 6 de febrero de 2014 y el 28 de marzo de 2014. Tras la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, 6.039 ciudadanos y ciudadanas de Cádiz (el doble de lo que exige el reglamento de participación) presentaron el pasado 26 de septiembre en el Registro Municipal la petición, junto a un acta notarial, la solicitud de que se celebre una Audiencia Pública sobre el acceso al agua y la luz, acogiéndose al art. 39 y s.s. del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz.
Posteriormente, en el pleno celebrado el 27 de octubre, se reiteró el tema en el pleno con la intervención de una representante de la Plataforma.
¿Es excesivo calificar de falta de sensibilidad social y democrática que la repuesta ahora sea que se estudiará como concretar el reglamento de participación?
La Plataforma no entiende esta actitud municipal que comporta a nuestro modesto modo de ver una forma de entender la política y el gobierno municipal poco o nada abierto a la participación ciudadana. Y por tanto exige ese mínimo democrático: un debate público y transparente sobre el derecho al acceso a los suministros básicos, especialmente para las personas más desfavorecidas en nuestra ciudad que, como se sabe, no son pocas.
Cádiz, 30 de diciembre de 2014
[1] La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna de Cádiz está conformada por los siguientes colectivos sociales: Fundación Dora, Comedor Virgen Poderosa, Consumidores FACUA, Federación AA.VV. 5 de abril, Cáritas, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – Delegación de Cádiz, Asamblea Popular San Mateo, Grupo de Cristianos de Base, Colectivo Nadie sin Techo, Grupo AC, Asociación Mujeres de Acero, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y ha sido respaldada en sus reivindicaciones por otras 78 organizaciones sociales y sindicales gaditanas.
