Cádiz, 9 de abril de 2025. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía rechaza el ofrecimiento que ha hecho el Ayuntamiento a la Zona Franca para que comercialice como viviendas el suelo del antiguo colegio Adolfo de Castro a cambio de que el consorcio ceda a la Junta de Andalucía el terreno para el hospital.
Si ya es mala noticia que la ciudad pierda equipamientos educativos, mientras fomenta y mantiene la educación concertada, peor es que un suelo de uso educativo, susceptible de convertirse en vivienda pública, sea objeto de negocio y especulación por parte de las propias administraciones para sufragar gastos distintos a la política de vivienda que la ciudad necesita.
La utilización a lo largo de décadas del suelo público de viviendas mediante su venta privada para financiar operaciones de otro calado no es otra cosa que especulación inmobiliaria y es, en buena medida, causante de la actual crisis de vivienda que padecemos. El problema de la vivienda en esta ciudad, y en todo el país, tiene en este tipo de prácticas una de las razones por las que no se cuenta como en otros países europeos con un parque público de viviendas que amortigüe los precios del mercado de alquiler y compra.
Si finalmente el uso del antiguo colegio Adolfo de Castro no va a volver a ser educativo, como sería lo aconsejable, la APDHA requiere al ayuntamiento que lo destine a vivienda pública, dada cuenta de la emergencia habitacional que tiene la ciudad y la urgencia de medidas que frenen la alarmante pérdida de habitantes que Cádiz sufre.
El destino privado que el ayuntamiento aconseja al consorcio de la Zona Franca para que le salga “rentable” el intercambio del suelo para el hospital nos parece una noticia de mal gusto. De aceptarse este trueque comercial entre ambas entidades, el resultado serían unas 300 viviendas a precio de mercado libre y fuera del alcance de la mayoría de los gaditanos y gaditanas. Debido al elevado coste y a las dificultades actuales de financiación, es más que probable que un gran número de estas viviendas sean adquiridas por personas de fuera de la ciudad para segunda residencia o como objeto de inversión y nueva especulación, privando a la ciudad de un suelo muy necesario para cubrir las necesidades de vivienda de su población.
Por todo lo cual, reclamamos a todas las administraciones que están interactuando en esta operación que la descarten cuanto antes. La Asociación considera que, si bien la Junta de Andalucía habrá de encontrar financiación para garantizar la construcción del futuro hospital, no podrá ser nunca a costa del suelo público de viviendas y mediante especulación. Y, así mismo, se exige al ayuntamiento que no actúe como un mercader inmobiliario y, al contrario, proteja y beneficie las políticas de vivienda como la prioridad absoluta que tiene la ciudad.
