Cádiz, 4 de abril de 2026. La ciudadanía votará el próximo 17 de mayo para elegir al Parlamento andaluz. Y al hacerlo será necesario valorar la gestión pública de quienes se presentan a la reelección, así como las propuestas de aquellos partidos que no han tenido responsabilidades de gobierno en los cuatro últimos años.
Si hay un tema donde esta evaluación resulta imprescindible es el de la vivienda: el principal problema señalado por la población española y una auténtica tragedia diaria para miles de familias gaditanas.
A estas alturas apenas hace falta describir al drama cotidiano de la vivienda en Cádiz: precios estratosféricos de alquiler y compra, cada vez más desahucios, viviendas vacías, turistificación descontrolada, expulsión de la población a otras localidades… Un proceso que ha convertido a Cádiz en una ciudad cada más invivible para quienes la habitan, mientras se reconvierte a un modelo al servicio del turismo.
Conviene recordar que según nuestro ordenamiento jurídico las competencias en vivienda corresponden íntegramente a la Junta de Andalucía. Por ello, en plena campaña electoral, la APDHA considera obligado ofrecer un balance de las políticas de vivienda de su competencia desarrolladas en Cádiz en estos cuatro años.
El balance es claro: la Junta de Andalucía no está construyendo ninguna vivienda pública para los más de 6.000 demandantes inscritos en el registro, al tiempo que está llevando a cabo numerosos desahucios a familias vulnerables —incluyendo hogares con menores— sin ofrecer alternativa habitacional alguna.
En este período tan solo se entregaron las 60 viviendas de Matadero, en septiembre de 2024, presentadas como viviendas de última generación por el presidente Moreno. Sin embargo, en apenas año y medio se han convertido en una ruina y en un sufrimiento para sus inquilinos. Pese a los reiterados requerimientos vecinales, la Junta no ha actuado para resolver los graves problemas del edificio, aun estando la constructora dentro del periodo de garantía.
La falta de promoción pública contrasta con la venta de suelo autonómico a empresas privadas para proyectos especulativos que elevan aún más los precios en la ciudad. Un ejemplo es el solar de Puntales-Loreto, vendido al grupo Q para construir 212 viviendas cuyos precios finales alcanzarán los 300.000 euros. Esta operación ha supuesto 6 millones de euros de beneficio para la Junta de Andalucía, con lo que se demuestra que, lejos de invertir en vivienda pública, la administración autonómica ha optado por hacer caja.
Resulta especialmente grave que, ante una situación tan dramática como la que viven las miles de familias gaditanas que no pueden acceder a una vivienda digna, la Junta de Andalucía mantenga ociosos suelos y edificios como Tolosa Latour, el edificio de Náutica, el de Marqués de Valdeiñigo o el antiguo ambulatorio de Plaza de la Merced, todos ellos con potencial para vivienda pública
Por ello, la APDHA reclama —ahora que debemos decidir nuestro voto— que el PP que se presenta a la reelección, aclare si tienen intención de destinar esos suelos a vivienda pública, social y asequible, o si piensan vender esos suelos a inversores privados para hacer VPO a precios inasumibles como ha pasado con el solar de Loreto-Puntales.
Añádase a ello que La Junta de Andalucía no ha tomado medida alguna en relación con el control de los precios de alquiler, boicoteando los instrumentos legales que dispone para ello, como la declaración de Cádiz como zona tensionada, lo que, según la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, permitiría topar los precios de alquiler actualmente astronómicos e inasequibles para clases medias y gente trabajadora.
Del mismo modo tampoco se ha actuado para forzar la movilización de las miles de viviendas vacías existentes en la ciudad o frenar el descontrol de la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos, que está vaciando nuestros barrios y convirtiendo a Cádiz en un parque temático.
Asimismo, consideramos imprescindible que la ciudadanía conozca de forma precisa y concreta qué propone cada partido en relación con la vivienda en la ciudad: promoción pública, gestión de la demanda para frenar la despoblación, regulación del turismo, control de precios, movilización de viviendas vacías o medidas para impedir desahucios sin alternativa habitacional.
Porque, admitámoslo, el balance de la política autonómica llevada a cabo en los últimos años en Cádiz evidencia que se han priorizado los intereses de las promotoras privadas y se ha ignorado la emergencia habitacional que sufre la población gaditana. Y eso no puede seguir sucediendo la próxima legislatura gobierne quien gobierne
